Hace cinco años advertimos la necesidad de definir una Administración Marítima adecuada para la República Dominicana (https://elnuevodiario.com.do/sin-adecuada-administracion-maritima-nos-apartamos-del-desarrollo-del-pais/). Hoy, a la luz de los avances normativos alcanzados, puede afirmarse que se ha recorrido parte del camino, pero aún subsisten desafíos estructurales que impiden consolidar un modelo plenamente funcional.
En la República Dominicana se ha iniciado, de manera innegable, un proceso de reforma del sector marítimo. Este proceso encuentra su principal catalizador en la auditoría quinquenal practicada por la Organización Marítima Internacional (OMI) en noviembre de 2022, mediante la cual se evaluó el desempeño del Estado dominicano en sus funciones como Estado rector de puerto, de bandera y ribereño.
Como resultado de dicho ejercicio —y tras una prolongada deuda normativa— se promulgó la Ley núm. 5-23 de Comercio Marítimo, de fecha 19 de enero de 2023. Esta legislación constituye un avance significativo en el ordenamiento jurídico nacional, al introducir un régimen moderno de comercio marítimo, alineado con estándares internacionales.
No obstante, la promulgación de esta ley, si bien necesaria, no resulta suficiente por sí sola para garantizar la transformación estructural del sector. Persisten debilidades institucionales previamente identificadas, lo que obliga a replantear el enfoque desde una perspectiva más integral.
La reforma marítima dominicana: avances y limitaciones
La Ley núm. 5-23 representa una pieza clave en la modernización del derecho marítimo dominicano, impactando directamente en el comercio, la logística y la seguridad jurídica de las operaciones marítimas. Sin embargo, las observaciones de la auditoría de la OMI evidencian que persisten desafíos estructurales, en particular en materia de coordinación interinstitucional.
Más allá de esta problemática, el verdadero reto del Estado dominicano radica en definir un modelo de administración marítima coherente, funcional y alineado con sus objetivos estratégicos de desarrollo. No se trata únicamente de legislar, sino de organizar, articular y gobernar eficazmente el sistema marítimo nacional.
En este contexto, la aspiración de posicionar a la República Dominicana como un hub logístico regional exige una institucionalidad moderna, capaz de responder a las exigencias de un mercado internacional cada vez más dinámico y tecnológicamente sofisticado.
La experiencia comparada: el caso de España
La experiencia española resulta particularmente ilustrativa para comprender los procesos de transformación marítima. Tras su ingreso en la Unión Europea en la década de los ochenta, España se enfrentó a un aparato institucional rezagado ante las nuevas dinámicas económicas del mercado común.
Como respuesta, se promulgó la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que constituyó un hito en la modernización del sector marítimo y portuario español.
Entre sus principales aportes destaca, en primer lugar, la unificación y actualización del marco normativo, sustituyendo una legislación dispersa y obsoleta por un cuerpo legal coherente que integró las políticas portuarias y de la marina mercante.
En segundo lugar, se introdujo un modelo de gestión portuaria basado en criterios empresariales, mediante la creación de las Autoridades Portuarias, dotadas de autonomía de gestión, y del ente público Puertos del Estado, encargado de la planificación y la coordinación del sistema.
Asimismo, se estableció un régimen de autonomía económico-financiera, sustentado en la autofinanciación del sistema portuario y en mecanismos de compensación interportuaria, lo que redujo la dependencia del presupuesto estatal.
De igual forma, se promovió la liberalización de la marina mercante, lo que incrementó la competitividad del sector mediante la eliminación de trabas administrativas y la adopción del principio de libertad de empresa.
Uno de los avances más relevantes fue la separación definitiva entre la marina civil y la militar, materializada en la creación de las Capitanías Marítimas como órganos civiles especializados, lo que implicó el traslado de funciones previamente ejercidas por las autoridades militares.
Adicionalmente, se crearon entidades especializadas, como la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, lo que fortaleció áreas críticas como la seguridad marítima y la competitividad del sector naviero.
Finalmente, se instauró un régimen sancionador administrativo moderno, orientado a la protección de la seguridad marítima, a la ordenación del tráfico marítimo y a la preservación del medio marino.
Hacia un nuevo modelo de Administración Marítima en la República Dominicana
La experiencia comparada demuestra que la transformación del sector marítimo no se agota en la promulgación de nuevas leyes, sino que requiere una reforma estructural que abarque la organización institucional, los modelos de gestión y la coherencia en la aplicación normativa.
En el caso dominicano, resulta imprescindible definir un modelo de Administración Marítima que articule eficientemente las competencias de las distintas entidades involucradas, evite duplicidades y fortalezca la coordinación interinstitucional.
Este modelo debe orientarse a la profesionalización de la gestión marítima, a la adopción de estándares internacionales, a la incorporación de tecnologías avanzadas y a la creación de mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema.
Asimismo, resulta fundamental delimitar con claridad las funciones civiles y militares en el ámbito marítimo, fortaleciendo las capacidades del Estado en materia de seguridad, control del tráfico marítimo y protección del medio marino.
En definitiva, la República Dominicana se encuentra en un momento decisivo: cuenta con una base normativa moderna, pero enfrenta el desafío de traducirla en una estructura institucional eficiente y funcional.
En conclusión, la promulgación de la Ley núm. 5-23 de Comercio Marítimo marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del sector marítimo dominicano. Sin embargo, el verdadero proceso de reforma apenas comienza.
La construcción de un modelo de Administración Marítima robusto, coherente y competitivo constituye una condición indispensable para alcanzar los objetivos estratégicos del país en materia de comercio, logística y desarrollo económico.
La experiencia internacional, particularmente la española, demuestra que el éxito de estas reformas depende de la capacidad del Estado para asumir una transformación integral, en la que la normativa, la institucionalidad y la gestión operen de manera armónica.
En este sentido, la República Dominicana tiene ante sí la oportunidad de redefinir su modelo marítimo, no solo para corregir sus debilidades, sino también para proyectarse como un actor relevante en el escenario logístico, tanto a nivel regional como internacional.
