Rechazar una acusación federal es algo extremadamente raro en Estados Unidos —en 2013 ocurrió apenas cinco veces entre más de 165 mil casos—, pero el expresidente Donald Trump ya acumula dos intentos fallidos en su ofensiva legal contra figuras a las que considera adversarias. Primero, un jurado investigador descartó parte del expediente contra el exdirector del FBI James Comey, y luego una jueza anuló los cargos presentados contra él y contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por irregularidades en el proceso. Cuando el Departamento de Justicia volvió a intentar acusar a James, otro jurado dijo que no.
Aun así, la administración de Trump insiste en buscar nuevas vías para reactivar los casos, a pesar de que cada revés fortalece la percepción de que se trata más de represalias políticas que de procesos sólidos. Las acusaciones —incluyendo fraude hipotecario contra James y perjurio contra Comey— han sido cuestionadas incluso por juristas conservadores, que señalan la diferencia de peso entre estas y los expedientes que enfrenta el propio Trump.
La situación se complica por el papel directo del expresidente en la presión para llevar estos casos a los tribunales, algo que contrasta con sus denuncias infundadas de que Joe Biden estuvo detrás de sus propias imputaciones. Además, el equipo de Trump tuvo dificultades para conseguir fiscales dispuestos a firmar los casos, al punto que terminó designando a una abogada sin experiencia, cuya participación fue posteriormente declarada ilegal y provocó más tropiezos procesales.
Todo esto alimenta un argumento que podría ser decisivo: que se trata de una persecución selectiva, motivada políticamente. Y no solo los jueces parecen notarlo; la opinión pública también. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses considera justificadas las acusaciones contra Trump, pero ve con escepticismo los casos contra Comey y James, a los que perciben como abiertamente políticos.
En resumen, mientras Trump intenta equiparar su situación con la de sus adversarios, tanto los tribunales como la ciudadanía parecen llegar a la misma conclusión: los escenarios no son comparables.
