SANTO DOMINGO. — El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, ordenó este domingo 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en la presunta red de corrupción desmantelada por el Ministerio Público en el referido seguro estatal.
La medida deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo, tanto por Hazim como por Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, acogiendo así la solicitud presentada por los fiscales del caso.
El tribunal también impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica a los imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, medidas menos gravosas que fueron igualmente solicitadas por el Ministerio Público para este grupo de procesados.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvieron ante el tribunal que existen elementos suficientes para justificar la prisión preventiva, debido al riesgo procesal y la complejidad del presunto entramado, solicitando además que el expediente sea declarado caso complejo.
En representación del órgano acusador participaron los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes afirmaron que el grupo operaba mediante maniobras fraudulentas que afectaron fondos del Estado.
La defensa de los imputados, por su parte, pidió al tribunal rechazar la solicitud de prisión preventiva y sustituirla por medidas menos severas como arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas, alegando que no existe peligro de fuga ni posibilidad de obstaculización de las investigaciones.
El Ministerio Público imputa a los involucrados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, infracciones que, de ser probadas, serían constitutivas de un esquema criminal de amplio alcance dentro de SeNaSa.
La decisión será revisada de manera obligatoria en los plazos que establece la ley, mientras el caso continúa su curso judicial.
