DIALOGANDO RD, Puerto Príncipe.— Si algo necesita Haití con urgencia es comenzar a reconstruir la legitimidad de sus instituciones. Sin embargo, el Consejo Electoral Provisional volvió a mover las fechas del proceso electoral y dejó sin fecha definida el inicio de la campaña y la celebración de unos comicios que habían sido programados para el 13 de diciembre. Haití no celebra elecciones desde 2016 y continúa sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021.
El aplazamiento tiene explicaciones operativas y políticas: el CEP extendió hasta el 31 de octubre el período de inscripción de candidatos y anunció que trabaja en un nuevo calendario tomando en cuenta modificaciones al decreto electoral, necesidades técnicas y las condiciones necesarias para desarrollar el proceso. Pero cada nuevo retraso prolonga una provisionalidad que ya lleva demasiado tiempo y debilita todavía más la posibilidad de reconstruir una autoridad política reconocida por la población.
El problema es que el reloj electoral corre al mismo tiempo que otro mucho más peligroso: el de las pandillas. La violencia armada continúa extendiéndose fuera de Puerto Príncipe y cerca de 1.5 millones de personas se encuentran desplazadas. La fuerza internacional creada para apoyar la lucha contra las bandas sigue además muy por debajo de su capacidad prevista: a finales de septiembre apenas habían sido desplegados unos 1,500 efectivos de los 5,500 contemplados.
Eso obliga a reconocer una realidad incómoda. Haití necesita elecciones, pero tampoco puede organizar unas elecciones creíbles en territorios donde el Estado no pueda garantizar que los ciudadanos voten libremente. El propio Consejo Electoral había advertido que el cumplimiento del calendario dependía de condiciones aceptables de seguridad y de los recursos necesarios para financiar el proceso.
La salida, por tanto, no puede consistir en seguir posponiendo indefinidamente ni en pretender que las urnas, por sí solas, desarmarán a las pandillas. Haití necesita avanzar simultáneamente en dos direcciones: recuperar territorio y capacidad coercitiva frente a los grupos armados y construir un calendario electoral serio que conduzca a alcaldes, legisladores y un presidente surgidos del voto popular.
Una autoridad elegida no resolverá de un día para otro la tragedia haitiana, pero tendría algo que las estructuras transitorias difícilmente pueden fabricar mediante decretos: legitimidad democrática. Y mientras Haití continúe atrapado entre gobiernos provisionales, pandillas armadas y elecciones que nunca terminan de llegar, la crisis seguirá desbordando sus fronteras. República Dominicana, por razones geográficas evidentes, continuará siendo el país más expuesto a sus consecuencias.
