Santo Domingo.– El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Jesús Féliz García, solicitó este lunes que los órganos competentes del Estado investiguen a fondo su gestión y su situación patrimonial, tras quedar sin efecto su designación mediante el Decreto 39-26.
En una carta abierta dirigida a la ciudadanía, Féliz García rechazó que durante su administración se exigieran o condicionaran aportes económicos a colaboradores, y aseguró que ningún nombramiento, ascenso o beneficio estuvo vinculado a contribuciones políticas o financieras.
El exfuncionario informó que solicitó formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos del ITLA, con acceso pleno a la información institucional, proceso que —según indicó— ya se encuentra en marcha.
Respecto a los cuestionamientos sobre su patrimonio, explicó que reside desde su nacimiento en el sector Gazcue, en un edificio propiedad de su familia desde 2007. Detalló que en 2023 adquirió un apartamento de dos habitaciones en ese mismo inmueble, contiguo a la vivienda de sus padres, por un valor aproximado de RD$10.7 millones, financiado en un 80 % mediante un préstamo hipotecario y en un 20 % con un préstamo personal.
Precisó que el inmueble cuenta con 105.43 metros cuadrados, acceso a la azotea y mantiene un saldo de deuda superior al 95 % del capital financiado, con un plazo restante de 18 años, información que aseguró puede ser verificada mediante certificaciones bancarias.
Féliz García también aclaró que un vehículo adquirido en años anteriores fue financiado mediante crédito bancario, vendido posteriormente en 2025 y que los recursos obtenidos se destinaron al pago total de la deuda. Asimismo, indicó que una sociedad mercantil registrada en Pedernales no desarrolló operaciones ni actividad comercial efectiva.
El exrector recordó que durante más de cinco años de servicio público tuvo bajo su responsabilidad la administración de recursos estatales en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), el Ministerio de la Juventud y el ITLA, donde —afirmó— se implementaron sistemas de control institucional con normas internacionales ISO en calidad, cumplimiento y antisoborno.
Finalmente, expresó su respeto al derecho a la libertad de expresión y su confianza en que las investigaciones permitirán esclarecer los hechos y restablecer la normalidad institucional.
