Cada vez que el gobierno anuncia un aumento en los combustibles sin explicar la fórmula que lo sustenta, se erosiona la confianza ciudadana. Subir más de 10 pesos de golpe no es un simple ajuste técnico: es un golpe directo al bolsillo del pueblo y un detonante de encarecimiento en transporte, alimentos y servicios básicos.
En países con políticas energéticas institucionalizadas, los ministerios publican semanalmente la fórmula de cálculo: precio internacional del barril, tipo de cambio, costos de importación y márgenes internos.
Comparaciones internacionales:
- Chile: la Comisión Nacional de Energía publica semanalmente el cálculo de precios, con detalle de cada variable.
- México: la Secretaría de Hacienda informa los componentes del IEPS y los ajustes internacionales.
- Colombia: el Ministerio de Minas y Energía difunde la fórmula oficial, incluyendo costos de importación y márgenes de distribución.
Esa práctica permite verificar si el ajuste es razonable.
En República Dominicana, la ausencia de esta práctica convierte cada aumento en un golpe sorpresivo y alimenta la percepción de arbitrariedad.
Aquí, la falta de transparencia convierte cada aumento en una sorpresa amarga y alimenta la percepción de improvisación.
Cuando el gobierno improvisa, las consecuencias las paga el pueblo. El alza súbita de los combustibles no solo afecta la economía familiar, sino que también desestabiliza la planificación empresarial y comunitaria. La institucionalidad exige reglas claras, previsibilidad y rendición de cuentas.
La ciudadanía merece conocer la fórmula. La política de precios de los combustibles no puede seguir siendo un misterio reservado a tecnócratas. La transparencia no es un lujo: es una obligación democrática. Sin ella, cada aumento será visto como un acto arbitrario y cada improvisación como una carga injusta sobre quienes menos pueden soportarla.
