En nuestro país, el ciudadano paga la energía eléctrica varias veces. La paga cuando recibe la factura, cuando compra un inversor, cuando cambia las baterías, cuando llena de combustible una planta y cuando sus impuestos terminan cubriendo el déficit de las empresas distribuidoras. Y, después de pagarla tantas veces, todavía tiene que soportar los apagones.
Ahí está el fraude: cada año se destinan más recursos al sector eléctrico, pero el servicio sigue siendo caro, inestable y deficiente.
Durante años se nos ha dicho que el problema eléctrico estaba a punto de resolverse. Se anunciaron inversiones, programas de reducción de pérdidas, rehabilitación de redes, instalación de medidores y supuestas mejoras administrativas. Cada promesa llegó acompañada de cifras optimistas y declaraciones grandilocuentes. Pero la realidad en los barrios, los campos y hasta en sectores considerados privilegiados sigue siendo otra: interrupciones constantes, fluctuaciones que dañan electrodomésticos y facturas que no guardan relación con la calidad del servicio recibido.
En julio de 2025, las autoridades llegaron a prometer que en 2026 no habría apagones. El año llegó, los apagones continuaron y las pérdidas de las EDE aumentaron. No fue la oposición quien fijó esa meta; fue el propio Gobierno.
El informe oficial sobre el desempeño de las distribuidoras deja poco espacio para las excusas. Durante el primer semestre de 2026, las EDE compraron 9,940.1 gigavatios hora de energía, pero 3,889.4 no fueron facturados. Eso representa un 39.1 %. Si se suma la energía facturada que tampoco fue cobrada, las pérdidas totales alcanzaron el 43.5 % de toda la energía adquirida. Casi 44 de cada cien kilovatios hora comprados por las EDE no generaron ingresos.
El subsidio también siguió creciendo. En los primeros seis meses de 2026 superó los RD$68,000 millones, un incremento cercano al 38 % respecto al mismo período del año anterior. Es una cantidad enorme de recursos públicos para un sector que, lejos de mejorar en la misma proporción, continúa acumulando pérdidas y provocando frustración.
Después de seis años administrando el sistema, ya no basta con culpar al fraude eléctrico ni a las redes heredadas. El Gobierno presenta el subsidio como una forma de proteger al ciudadano, pero gran parte de esos recursos termina tapando la ineficiencia de las distribuidoras. Ese dinero debe servir para ayudar a las familias que no pueden pagar el servicio, no para financiar indefinidamente las pérdidas, el desorden y la incapacidad administrativa de las EDE.
El Gobierno cubre el hoyo de las distribuidoras con recursos que pertenecen a todos los dominicanos. Son recursos que dejan de llegar a hospitales, escuelas, acueductos, seguridad ciudadana, caminos vecinales y programas de apoyo a la producción. Las distribuidoras transfieren sus pérdidas al Estado; las del usuario no las reconoce nadie.
Para una familia, un apagón puede significar una noche sin dormir, alimentos dañados o un electrodoméstico quemado. Para un colmado, una carnicería, un salón de belleza o un pequeño taller puede representar horas sin producir y mercancía perdida. Para una clínica, una escuela o una industria, la inestabilidad eléctrica eleva los costos y obliga a mantener sistemas privados de respaldo. En febrero de 2026, un apagón nacional provocó pérdidas estimadas en más de RD$300 millones solamente entre las mipymes.
Los apagones no solo golpean la economía. Cuando una calle o un barrio completo queda a oscuras, crecen el miedo y la sensación de inseguridad. La falta de iluminación crea condiciones favorables para robos, atracos y otros hechos criminales. Las familias se encierran más temprano y los delincuentes encuentran mejores condiciones para actuar. Un apagón no crea la delincuencia, pero sí le abre la puerta.
El fraude eléctrico y las conexiones ilegales existen, pero después de seis años en el poder ya no pueden seguir utilizándose como excusa. Combatirlos, cobrar la energía servida y reducir las pérdidas también forman parte de las responsabilidades del Gobierno.
Las EDE persiguen con rapidez al pequeño usuario atrasado, pero siguen sin facturar ni cobrar una parte considerable de la energía que compran. Tampoco se puede pedir comprensión indefinida a una población que ha escuchado las mismas promesas durante décadas.
Producir más electricidad no resolverá por sí solo este problema. El país ha aumentado su capacidad de generación, pero el mayor obstáculo sigue estando en una distribución costosa, desordenada y sometida durante años a decisiones políticas que poco tienen que ver con la eficiencia. Podemos construir nuevas plantas y anunciar grandes proyectos; si las EDE continúan perdiendo una parte tan alta de la energía que compran, el déficit seguirá creciendo y los ciudadanos continuarán financiándolo.
Ya no hacen falta más anuncios. Cada EDE debe tener metas públicas de reducción de pérdidas, plazos definidos y funcionarios responsables de cumplirlas. El Gobierno también debe explicar cuánto cuesta realmente cada distribuidora, en qué se utilizan los subsidios, cuánto se pierde por fallas técnicas, cuánto por fraude y cuánto por incapacidad de cobro. Sin transparencia, cualquier nuevo aumento o transferencia será apenas otro cheque firmado con el dinero de todos.
Nadie está pidiendo energía gratuita. Los dominicanos quieren pagar un precio razonable y recibir un servicio estable.
El dominicano paga su factura, cubre con sus impuestos el déficit de las EDE y compra por su cuenta la energía que estas no pueden garantizarle. Mientras tanto, las pérdidas aumentan, el subsidio se dispara y los apagones continúan. Pagamos más y recibimos menos. Ese es el fraude.
