Nueva York. – El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo la revocación de los visados a dos miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, así como a sus familiares directos, por su presunta implicación con pandillas y organizaciones criminales que operan en el país caribeño.
En un comunicado, el portavoz principal adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que la medida responde a la supuesta participación de estos dirigentes en actividades criminales, incluyendo la interferencia en los esfuerzos del Gobierno haitiano para enfrentar a las pandillas, algunas de ellas designadas por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Según la información oficial, la revocación de visados alcanza a los miembros señalados, así como a sus cónyuges e hijos, como parte de una política de presión dirigida a promover la rendición de cuentas dentro del liderazgo haitiano.
“El pueblo haitiano está cansado de la violencia de las pandillas, la destrucción y las luchas políticas internas”, señaló el Departamento de Estado, al tiempo que reafirmó el compromiso de la Administración estadounidense de apoyar la estabilidad de Haití y colaborar con sus autoridades para combatir la violencia armada.
El Consejo Presidencial de Transición fue instalado en abril de 2024 tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry, en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble, liderada por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”.
El mandato del CPT vence el próximo 7 de febrero, en un contexto de profunda incertidumbre política, marcado por tensiones internas y el debate sobre el futuro del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, cuya posible destitución ha generado preocupación en la comunidad internacional.
Haití no celebra elecciones presidenciales desde 2016, cuando fue elegido Jovenel Moïse, asesinado en 2021. Las autoridades han previsto la primera vuelta de los comicios para agosto de 2026, mientras el país continúa sumido en una crisis de seguridad, gobernabilidad y legitimidad institucional.
