Nueva York.– El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que ha arrestado, detenido y deportado a más de 650.000 inmigrantes en condición irregular, como parte de la política migratoria impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Durante una conferencia de prensa en Nueva York, Noem afirmó que, desde el inicio del actual mandato, 2,6 millones de personas han abandonado el país, de las cuales más de dos millones lo habrían hecho de manera voluntaria, mientras que el resto fue objeto de arresto, detención y deportación a sus países de origen.
“Estas personas estaban en Estados Unidos de forma ilegal y nunca debieron haber estado aquí”, declaró la funcionaria, quien sostuvo que quienes salieron voluntariamente conservan la posibilidad de regresar en el futuro por las vías legales.
Las declaraciones se producen en medio de un endurecimiento sostenido de la política migratoria estadounidense, con un aumento de redadas, detenciones administrativas y deportaciones aceleradas, ejecutadas principalmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Noem defendió el rol de los cuerpos de seguridad migratoria y exhortó a la ciudadanía a respaldar a los agentes federales, en vísperas de la conmemoración del Día de las Fuerzas del Orden en Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los migrantes han expresado preocupación por el alcance de las deportaciones masivas y por las restricciones al derecho de asilo, advirtiendo que las medidas adoptadas por la Administración Trump limitan garantías fundamentales y pueden derivar en violaciones de derechos humanos.
Desde su creación en 2003, el ICE ha sido objeto de numerosas críticas por prácticas discriminatorias, denuncias de racismo y detenciones sin control judicial efectivo, cuestionamientos que se han intensificado durante el actual mandato presidencial, en el que la agencia se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia migratoria del Gobierno.
El debate migratorio vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda política estadounidense, con implicaciones directas para América Latina y el Caribe, regiones de donde proviene una parte significativa de la población afectada por estas políticas.
