Santo Domingo.– Los dominicanos continúan asumiendo una parte significativa del costo de la atención médica pese a estar afiliados al sistema de seguridad social, según revela el estudio “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”.
La investigación sostiene que por cada RD$100 que se gastan en servicios de salud en el país, los ciudadanos deben desembolsar directamente alrededor de RD$45.46, una proporción que especialistas consideran elevada para un sistema que tiene como objetivo garantizar la protección financiera de la población.
El economista Francisco Tavárez, uno de los expositores del estudio, afirmó que esta realidad evidencia las limitaciones existentes para garantizar una cobertura efectiva de los servicios de salud, especialmente entre los sectores más vulnerables.
“Se está hablando de que los dominicanos y dominicanas tienen que pagar de cada 100 pesos, 45.46 pesos de su propio bolsillo, cuando la seguridad social debería cubrir de manera mucho más amplia los servicios de salud”, expresó.
El documento fue presentado por el Instituto de Investigación Socioeconómica, con el respaldo de la Coalición por una Seguridad Social Digna y la Fundación Juan Bosch, entre otras organizaciones.
Los autores sostienen que el modelo actual de financiamiento ha favorecido la transferencia de recursos hacia prestadores privados, mientras la red pública de salud enfrenta limitaciones presupuestarias y operativas.
Según el informe, esta situación termina trasladando una parte importante de los costos a los propios usuarios, quienes deben cubrir medicamentos, estudios diagnósticos, procedimientos y otros gastos médicos no absorbidos completamente por el sistema.
Los investigadores advirtieron que el gasto directo de los hogares constituye uno de los principales indicadores utilizados internacionalmente para medir las dificultades de acceso a la salud y el riesgo de empobrecimiento asociado a enfermedades.
Asimismo, llamaron a que la discusión sobre una eventual reforma de la Ley 87-01 incluya mecanismos que fortalezcan la cobertura efectiva y reduzcan la carga económica que actualmente recae sobre las familias dominicanas.
