DIALOGANDO RD, Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión cautelar del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, tras identificar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y sociedades investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública.
Las compañías alcanzadas por la medida son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL, según el acto administrativo núm. DGCP44-2026-003760.
De acuerdo con la institución, los procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de información permitieron detectar coincidencias y conexiones con proveedores cuyos registros ya habían sido suspendidos en el marco de investigaciones relacionadas con contrataciones públicas.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la decisión fue adoptada con base en las facultades establecidas en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación 52-26, con el propósito de proteger el patrimonio público y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
La DGCP indicó que existe un “riesgo razonable” de que las sociedades identificadas pudieran ser utilizadas como mecanismos indirectos para mantener la participación económica de personas o estructuras previamente inhabilitadas.
“La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público ante la necesidad de evitar la elusión de las medidas cautelares previas”, señala el acto administrativo emitido el 14 de septiembre.
El organismo enfatizó que la suspensión es preventiva, provisional y no sancionadora, por lo que no implica una declaración de responsabilidad penal o administrativa contra las empresas ni sus ejecutivos.
La medida se mantendrá hasta que concluyan las investigaciones judiciales relacionadas con los casos de origen o hasta que las compañías acrediten su desvinculación de las circunstancias que motivaron la suspensión.
La DGCP informó además que remitió el acto administrativo a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Procuraduría General de la República y Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para los fines correspondientes.
