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DGCP precisa qué contratos de Senasa no están bajo la Ley de Compras

El órgano regulador explica qué contratos quedan fuera de la Ley 340-06 y en cuáles sí interviene para garantizar transparencia.

por Dialogando Con Glenn Davis
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Santo Domingo. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró que los contratos suscritos por el Seguro Nacional de Salud (Senasa) con los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) se rigen por el marco legal del Sistema Dominicano de Seguridad Social, establecido en la Ley 87-01, y no por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Mediante un comunicado, el órgano rector explicó que los acuerdos relativos a tarifas, coberturas, estándares y demás condiciones técnicas entre Senasa y los prestadores forman parte de un régimen especializado propio de la seguridad social, por lo que quedan fuera del ámbito de competencia de la DGCP.

La institución precisó que, en esos casos, no le corresponde intervenir en la definición de tarifas, selección de prestadores ni revisión de los contratos, ya que dichas funciones están reguladas exclusivamente por la Ley 87-01.

Sin embargo, la DGCP aclaró que todas las compras de bienes, servicios y obras necesarias para el funcionamiento operativo de Senasa sí están sujetas a la Ley 340-06. En esos procesos, el órgano rector ejerce la supervisión del sistema de contrataciones públicas, brinda acompañamiento técnico, emite opiniones vinculantes y vela por el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y libre competencia.

En ese sentido, recordó que en agosto pasado anuló, mediante la Resolución RIC-0109-2025, un proceso de contratación directa entre Senasa y la empresa Farmacard, S.R.L., al determinar que el servicio contratado no correspondía al ámbito de la seguridad social, sino a un servicio de naturaleza administrativa y tecnológica.

La DGCP reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la correcta aplicación del marco legal vigente, y aseguró que continuará dando seguimiento y acompañamiento a las entidades públicas para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado.

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