SANTO DOMINGO.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) describe en el expediente de la Operación Cobra un esquema estructurado que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA) para direccionar contratos, favorecer proveedores específicos y desviar recursos públicos mediante sobornos y procesos irregulares.
Según la solicitud de medida de coerción, la presunta red funcionaba a través de decisiones administrativas coordinadas, en las que se manipulaban licitaciones, se validaban servicios inexistentes o sobrevaluados y se utilizaban empresas vinculadas entre sí para simular competencia y justificar adjudicaciones millonarias.
El Ministerio Público sostiene que este engranaje se apoyaba en un control indebido de los procesos de compras y contrataciones, así como en la intervención de intermediarios que facilitaban pagos ilegales a cambio de beneficios económicos y continuidad en los contratos. Parte del dinero habría sido canalizado mediante transferencias, facturación ficticia y otras modalidades asociadas al lavado de activos.
El expediente también señala que los involucrados adoptaron mecanismos para reducir la trazabilidad de las operaciones, utilizando terceros y estructuras comerciales para ocultar la relación directa entre los fondos públicos y los beneficiarios finales.
Para el órgano acusador, estas prácticas no respondían a hechos aislados, sino a una dinámica sostenida en el tiempo, con roles claramente definidos y una lógica de funcionamiento propia de la criminalidad organizada, lo que explica la magnitud del presunto daño ocasionado a SENASA.
Las investigaciones continúan en curso, mientras el Ministerio Público insiste en la necesidad de medidas coercitivas que garanticen la preservación de pruebas y el desarrollo efectivo del proceso judicial.
