Santiago.– El abogado Pantaleón Mieses afirmó que el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quesada no solo revela un episodio extremo de violencia, sino también fallas estructurales en seguridad y respuesta institucional en Santiago.
Mieses calificó el hecho como “lamentable” y recordó que ocurrió prácticamente en tiempo real, con una persecución protagonizada por motoristas que dieron seguimiento al camión recolector hasta el Palacio de Justicia, donde la víctima buscó refugio sin éxito.
“El chofer llegó hasta la entrada del Palacio de Justicia buscando auxilio, pero fue interceptado y herido mortalmente”, explicó.
El jurista indicó que el caso ha tenido varias interpretaciones, incluyendo la posibilidad de que se tratara de un cobro compulsivo de una deuda, lo que habría motivado la participación de otros individuos en la persecución.
No obstante, señaló que el hecho también pone en evidencia problemas más amplios, como la violencia en el tránsito y la falta de regulación del sector motoconchista.
Sobre el proceso judicial, destacó que ya hay al menos ocho personas detenidas, quienes enfrentarán cargos por asesinato y asociación de malhechores, lo que, a su juicio, podría enviar un mensaje de control y orden frente a este tipo de conductas.
Mieses también cuestionó las condiciones de seguridad del Palacio de Justicia de Santiago, señalando que en momentos de baja actividad el resguardo es limitado.
“Podemos decir que la seguridad está a un 50 %. En ese momento había solo un agente en la entrada, lo que generó vulnerabilidad”, afirmó.
El abogado explicó que el personal policial suele concentrarse en el traslado de imputados durante audiencias, dejando con escasa vigilancia otras áreas del recinto.
Otro elemento que abordó fue el rol del reportero gráfico que documentó el hecho, cuyas imágenes se han convertido en pieza clave de la investigación.
Mieses explicó que, bajo el Código Penal vigente, no existe sanción por omisión de auxilio, aunque advirtió que con la entrada en vigor del nuevo código en junio este tipo de conducta podría tener consecuencias penales.
Indicó que, aunque el video constituye la principal prueba del caso, también abre un debate ético sobre la prioridad entre documentar o asistir a una persona en peligro.
“Lo primero debe ser socorrer, luego informar. Aquí hubo una falta de experiencia, pero ese material hoy es fundamental para el proceso”, sostuvo.
El jurista agregó que el reportero figura actualmente como testigo del Ministerio Público.
Para Mieses, el asesinato de Abreu Quesada obliga a una revisión más amplia como sociedad, tanto en la respuesta institucional como en la conducta ciudadana frente a situaciones de emergencia.
El caso continúa en proceso judicial, mientras crecen los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y las condiciones de seguridad en espacios que, en teoría, deberían ser refugio.
