Buenos Aires.– La tragedia ocurrida en Nepal tras el colapso de una masa de hielo en el Himalaya reactivó en Argentina los cuestionamientos contra la reforma de la ley de protección de glaciares, aprobada este año a iniciativa del Gobierno de Javier Milei.
Organizaciones ambientalistas sostienen que, aunque las condiciones naturales de ambos países son diferentes, lo sucedido en Nepal constituye una advertencia sobre el retroceso de los glaciares y los riesgos asociados al cambio climático.
Argentina cuenta con 16,968 cuerpos de hielo que cubren unos 8,484 kilómetros cuadrados y reconoció oficialmente en 2024 que el aumento de las temperaturas ha provocado el retroceso de buena parte de los glaciares andinos de la Patagonia sur, incluido el Perito Moreno.
La legislación aprobada originalmente en 2010 consideró los glaciares reservas estratégicas de agua. Sin embargo, la reforma sancionada en abril permite que las provincias autoricen proyectos mineros en determinadas áreas periglaciales cuando consideren que esos espacios no constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos.
Ambientalistas cuestionan esa modificación al entender que abre espacio a decisiones discrecionales y aumenta la presión sobre ecosistemas ya afectados por el calentamiento global.
La especialista en biodiversidad de Greenpeace Agostina Rossi Serra recordó que los glaciares almacenan buena parte del agua dulce del planeta y cumplen una función esencial en la regulación de los ciclos hídricos. Según indicó, entre 18 % y 20 % de los argentinos dependen directamente del agua proveniente del deshielo de glaciares y ambientes periglaciales.
Por su parte, Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió sobre los posibles impactos de la minería en estas zonas, incluyendo contaminación de acuíferos y riesgos derivados de estructuras utilizadas para almacenar residuos mineros.
La reforma enfrenta además una ofensiva judicial. La provincia de La Pampa y varias organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo colectivo para solicitar que la norma no sea aplicada hasta que la Justicia determine si resulta constitucional.
El debate tiene como antecedente una sentencia de 2019 de la Corte Suprema argentina, que ratificó la constitucionalidad de la ley original de 2010 y reconoció a los glaciares y ambientes periglaciales como bienes públicos.
Las organizaciones que impugnan la reforma adelantaron que, además de continuar la batalla judicial, buscarán mantener el tema en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027 y promover una legislación que restablezca mayores niveles de protección sobre los campos de hielo.
