Santo Domingo. – El Ministerio Público aseguró que varias de las decisiones administrativas más relevantes dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) se adoptaban sin cumplir los procedimientos legales establecidos, careciendo de actas formales, resoluciones administrativas y validaciones institucionales.
Según la acusación presentada en el proceso judicial, estas decisiones incluían aspectos sensibles como autorizaciones de pagos, contrataciones y manejo presupuestario, sin que quedara constancia documental válida que permitiera su fiscalización posterior.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sostiene que esta práctica vulneró los principios de legalidad, trazabilidad y transparencia que deben regir en una entidad pública que administra fondos del sistema de seguridad social.
El órgano acusador señala que la ausencia de registros oficiales facilitó un modelo de gestión discrecional, donde las decisiones se concentraban en un reducido grupo, sin controles efectivos ni rendición de cuentas.
Para el Ministerio Público, esta forma de operar no solo representa una falta administrativa grave, sino que compromete la confianza en el manejo de los recursos destinados a la salud de millones de afiliados del régimen público.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en Senasa, cuya magnitud, según la Fiscalía, revela fallas estructurales que deben ser corregidas para evitar la repetición de prácticas contrarias al interés público.
