Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la firma de un acuerdo de colaboración entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con el objetivo de fortalecer el Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica en República Dominicana.
El convenio establece un marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica, revisión normativa, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil.
Durante el acto, Abinader afirmó que su gobierno cree en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida, y defendió la participación ciudadana como una fortaleza de la democracia.
“No vemos la participación ciudadana como un obstáculo. La vemos como una fortaleza de la democracia”, expresó.
El mandatario sostuvo que las democracias no se sostienen solo con elecciones o discursos, sino con instituciones fuertes, leyes legítimas y ciudadanos dispuestos a defender el interés general.
A su juicio, la seguridad jurídica es clave para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana, atraer inversiones y garantizar estabilidad económica y cohesión social.
También reiteró el compromiso de su gestión con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la independencia del Ministerio Público.
El acuerdo fue suscrito por Abinader y por el presidente de FINJUS, Rafael del Toro Gómez. Como testigos firmaron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Del Toro consideró que este convenio refuerza la trayectoria de cambios institucionales que impulsa FINJUS y expresó la disposición de esa entidad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para fortalecer el marco democrático del país.
Entre los compromisos asumidos figuran el apoyo a la elaboración y revisión de anteproyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos jurídicos, así como la realización de estudios técnicos, diagnósticos, capacitaciones, conferencias y proyectos formativos.
El convenio tendrá una vigencia de dos años y, según lo informado, no generará obligaciones económicas automáticas.
