Santo Domingo.– El constitucionalista Eduardo Jorge Prats se mostró contrario a aplazar la entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para agosto, al considerar que solo su aplicación permitirá identificar las disposiciones que requieran ser corregidas o ajustadas.
Entrevistado en el programa Esferas de Poder, afirmó que ninguna legislación puede perfeccionarse sin ponerse en práctica y sostuvo que los eventuales errores deberán ser detectados por jueces, fiscales y litigantes durante su implementación.
“Estoy en contra del aplazamiento porque realmente es imposible determinar todas las falencias de una legislación sin verla en movimiento. Hay que dejarla que respire, camine, transpire para entonces poder hacer un inventario de carencias y poder hacer los ajustes”, expresó.
Jorge Prats planteó que pueden crearse comisiones de seguimiento para evaluar la aplicación del Código y proponer modificaciones al Congreso, pero insistió en que retrasar nuevamente su entrada en vigor solo prolongaría un proceso que, a su juicio, podría terminar alterando excesivamente la legislación.
El jurista destacó que el nuevo Código Penal incorpora delitos que responden a la realidad actual del país y actualiza una legislación cuya base se remonta a la época napoleónica. Aunque reconoció que existen aspectos cuestionables, consideró que se trata de una obra perfectible y que corresponde a los tribunales corregir aquellas disposiciones que eventualmente resulten inconstitucionales.
Pide convocar el Consejo Nacional de la Magistratura
En otro orden, Jorge Prats consideró que ya es momento de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para realizar la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyo período corresponde revisar.
Indicó que el proceso debió iniciarse en abril y que existe un amplio consenso en distintos sectores sobre la necesidad de renovar parcialmente la alta corte.
“Hay un sentir en gran parte de la ciudadanía y de los jueces de que debe haber una renovación”, sostuvo.
Explicó que la evaluación podría concluir con la ratificación de los magistrados o con su sustitución, incluyendo la posibilidad de cambios en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, como parte del proceso institucional previsto en la Constitución.
