Santiago.– La defensa de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, aseguró este martes que su cliente nunca administró fondos públicos y afirmó que el proceso judicial responde a un supuesto interés de intervenir y controlar el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción del caso Onco14, el abogado Juan Francisco Rodríguez Consoró informó que depositó certificaciones y documentos que, según sostiene, demuestran que Lora Cruceta no era funcionario público ni administró recursos estatales durante su gestión al frente del Patronato.
“El Oncológico es una institución privada sin fines de lucro. Mi cliente no administró fondos públicos”, afirmó el jurista.
La defensa también aseguró que el Ministerio Público busca facilitar que terceros asuman el control de la institución y rechazó las cifras presentadas en el expediente acusatorio sobre el supuesto manejo irregular de más de RD$3,700 millones.
Mientras tanto, el abogado Ricardo Reina informó que la exvicepresidenta del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, está colaborando con el Ministerio Público en la investigación.
Reina indicó que su defendida ha mostrado disposición de aportar información durante el proceso y solicitó al tribunal que le sea impuesta prisión domiciliaria.
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, aplazó la audiencia hasta el jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde, cuando las partes presentarán sus réplicas y contrarréplicas antes de que el tribunal decida sobre la solicitud de medida de coerción.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso contra Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, a quienes acusa de integrar una estructura dedicada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), pacientes oncológicos y el Estado dominicano.
