Santiago.– El ingeniero Héctor Antonio Lora Cruceta respondió que el Ministerio Público deberá probar las acusaciones formuladas en su contra por la Operación Onco14, mientras era trasladado junto a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, a la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago.
La reacción se produjo luego de que fuera aplazado para el próximo viernes 19 de junio el conocimiento de la medida de coerción contra los tres principales imputados en el proceso.
Al ser abordado por periodistas sobre las imputaciones relacionadas con fondos destinados a pacientes con cáncer, Lora se limitó inicialmente a señalar que sus abogados ofrecerán las explicaciones correspondientes.
“Lo deben probar”, respondió cuando se le preguntó sobre las acusaciones del órgano persecutor.
El exdirectivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer también reaccionó con ironía ante la versión del Ministerio Público de que habría acumulado una importante fortuna.
“Desconocía que yo era millonario”, manifestó antes de ser conducido nuevamente bajo custodia.
Su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, aseguró que no tiene nada que ocultar y afirmó que todavía desconoce con precisión los hechos que le atribuyen.
“Dios es fiel, sigue siendo fiel y no deja a sus hijos en vergüenza. Doy mi cara porque no tengo nada que ocultar. Ni siquiera sé de qué se me acusa realmente”, expresó Guzmán.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó la audiencia a solicitud de los abogados defensores, quienes pidieron más tiempo para estudiar el expediente y las pruebas depositadas por el Ministerio Público.
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva contra Lora Cruceta, Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, así como la declaratoria de complejidad del proceso.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que la investigación abarca el manejo de aproximadamente RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por parte del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
El monto citado corresponde a los recursos cuya administración y destino son investigados, y no a una cantidad declarada como sustraída mediante una sentencia.
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían participado en presuntas maniobras fraudulentas que afectaron fondos destinados a la atención de pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado del SeNaSa.
