La educación pública dominicana no es un problema técnico ni un accidente histórico: es el reflejo más crudo del fracaso sistemático del Estado para cumplir su rol fundamental. Generación tras generación, millones de niños y jóvenes entran a aulas que prometen futuro y salen con habilidades que los condenan a la precariedad. No se trata de falta de recursos declarados, sino de una gestión que prioriza la foto, el discurso y la continuidad del clientelismo por encima de resultados medibles.
En las pruebas PISA 2022, República Dominicana obtuvo un promedio de 350 puntos, su mejor registro histórico según el propio gobierno, pero sigue hundida en el fondo: solo el 8% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo en matemáticas frente al 69% de la OCDE, el 25% en lectura y el 23% en ciencias. Estamos por debajo de casi todos los países latinoamericanos evaluados y lejos de cualquier estándar que permita competir en una economía moderna. Los datos de 2025 no invitan al optimismo: la tasa de aprobación escolar cayó, los promedios nacionales en pruebas locales rondan los 57 puntos y persisten altos niveles de deserción y reprobación.
Un joven de 15 años, promovido de curso, no puede resumir un texto de media página ni resolver una división básica sin calculadora. Tiene notas aprobadas. El sistema lo empujó hacia adelante, pero no lo formó.
El Estado destina alrededor del 4% del PIB a educación, como manda la ley. Sin embargo, esa cifra se ha convertido en un eslogan vacío. En 2025 se registró la peor ejecución histórica de ese presupuesto, con subejecución millonaria y una parte importante desviada hacia sueldos, mantenimiento deficiente o simplemente no gastada. Mientras tanto, se reportan redes de corrupción en el mantenimiento de escuelas: obras no realizadas, techos sin impermeabilizar, empresas fantasma y miles de millones en irregularidades. Las escuelas públicas siguen con infraestructura ruinosa, falta de materiales básicos, aulas saturadas y docentes mal formados y desmotivados. El aumento salarial a maestros es necesario, pero no resuelve la ausencia de evaluación real de desempeño ni la formación continua de calidad.
El gobierno actual celebra cada aula nueva o cada punto ganado en PISA como un triunfo histórico. Pero la realidad es que seguimos invirtiendo en cantidad de paredes mientras la calidad se estanca o retrocede. El analfabetismo funcional entre jóvenes no ha desaparecido; informes independientes advierten de repuntes y de que más del 13% de los jóvenes no termina la educación básica. La deserción sigue afectando especialmente a los sectores más vulnerables, perpetuando el ciclo de pobreza. No basta con decir que “se invierte sostenidamente” cuando los resultados en competencias básicas siguen siendo vergonzosos y cuando parte del presupuesto se diluye entre corrupción, ineficiencia y clientelismo político.
El problema es estructural y generacional porque el Estado dominicano nunca ha asumido la educación como una prioridad de Estado, sino como una caja de reparto. Se construyen escuelas para inaugurar con banda y tijera, se nombran directores por lealtad partidaria, se firman contratos opacos y luego se culpa a la pandemia, a los maestros o a la “herencia recibida”. Este gobierno no escapa a la crítica: llegó con promesas de transformación y termina su período con escuelas en condiciones críticas, ejecución presupuestaria deficiente y una reforma anunciada que llega tarde y sin señales claras de que romperá con las prácticas del pasado.
La educación pública falla porque no hay rendición de cuentas real. Nadie paga por los malos resultados. Los ministros pasan, los sindicatos negocian aumentos y los niños siguen saliendo analfabetos funcionales. Mientras la educación privada, accesible solo para una minoría, avanza, la pública se convierte en el gran reproductor de desigualdad. Un joven de sector pobre que no aprende a leer con comprensión, resolver problemas básicos o pensar críticamente, está condenado a trabajos informales de baja productividad. Eso no es desarrollo: es estancamiento disfrazado de progreso.
El problema no es solo de recursos, sino de un aparato educativo que opera sin métricas exigentes, sin consecuencias por bajo desempeño y con una estructura administrativa que prioriza la estabilidad interna sobre los resultados de aprendizaje. Urge un giro radical: evaluación externa rigurosa de docentes y directores, transparencia total en el uso del presupuesto educativo, foco obsesivo en lectura, matemáticas y formación de pensamiento crítico desde los primeros años, y meritocracia real en el sistema. Dejar de celebrar mínimos avances y asumir que, mientras la mayoría de nuestros jóvenes no alcance estándares internacionales básicos, la educación pública dominicana seguirá siendo un fracaso generacional.
El Estado tiene la obligación constitucional y moral de entregar una educación de calidad. Hasta ahora, lo que entrega es resignación. Y mientras no cambie la forma en que se gestiona con seriedad, eficiencia y cero tolerancia a la corrupción, seguiremos condenando a nuevas generaciones a repetir los mismos errores del pasado. La educación no se mide en aulas inauguradas ni en discursos: se mide en jóvenes preparados para construir un país mejor.
La educación pública dominicana no está fallando por casualidad. Está fallando porque así se ha permitido. Y mientras nadie asuma el costo de ese fracaso, el país seguirá produciendo generaciones con menos oportunidades que las anteriores. Eso no es atraso: es una decisión política sostenida.
