San Juan.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la deportación sistemática de migrantes haitianos desde Bahamas y Jamaica sin una evaluación adecuada de sus necesidades de protección internacional, una práctica que, según el organismo, vulnera estándares básicos de derechos humanos.
En su Informe Anual 2025, la entidad adscrita a la Organización de los Estados Americanos advirtió sobre lo que definió como una política “continua y sostenida” de expulsiones en Bahamas, dirigida principalmente contra ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil citadas en el informe, las autoridades bahameñas estarían aplicando controles migratorios de forma desproporcionada hacia esta población, lo que se traduce en detenciones frecuentes y deportaciones sin el debido proceso. A esto se suma una problemática estructural: personas de ascendencia haitiana nacidas en Bahamas enfrentan dificultades para obtener documentos de identidad, quedando en un limbo legal que las expone a arrestos y expulsiones.
El informe también pone la lupa sobre las condiciones de detención en el centro de Carmichael Road, donde persisten denuncias de hacinamiento, falta de higiene, alimentación insuficiente y restricciones para comunicarse con familiares. Organizaciones independientes han documentado además casos de abuso, incluyendo agresiones sexuales, sin que existan mecanismos efectivos de supervisión externa.
En el caso de Jamaica, la CIDH denunció la ejecución de expulsiones colectivas que limitan el acceso al derecho de asilo. Según el documento, migrantes haitianos —incluyendo mujeres embarazadas y menores de edad— fueron detenidos sin acceso a representación legal ni a audiencias individuales que permitieran evaluar sus casos.
Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno: más de 13,000 deportaciones en menos de cuatro años en Bahamas, en un contexto donde las garantías procesales siguen siendo cuestionadas.
Pese a este panorama, el organismo reconoció como un avance la creación en Jamaica de un refugio especializado para niños varones víctimas de trata de personas, una iniciativa orientada a ofrecer protección, rehabilitación y reintegración social.
La CIDH concluye que estas prácticas migratorias no solo comprometen derechos fundamentales, sino que evidencian la necesidad urgente de que los Estados ajusten sus políticas a estándares internacionales, especialmente en un contexto regional marcado por crisis humanitarias y flujos migratorios crecientes.
