Puerto Plata. – Religiosos de la diócesis de Puerto Plata y representantes de organizaciones sociales responsabilizaron al presidente Luis Abinader por los posibles daños ambientales que, según denuncian, provocaría un proyecto minero en la Cordillera Septentrional.
Durante sus declaraciones, el sacerdote Juan Luis Díaz Bonillo sostuvo que existe un “plan diabólico” detrás de lo que denuncian como una amenaza contra más de 300 fuentes de agua en esa área montañosa. En ese mismo tono, afirmó que el mandatario es el principal responsable político de lo que, a su juicio, está ocurriendo en materia de medio ambiente, minería y afectación del sistema productivo en el norte del país.
Los denunciantes también vincularon al Gobierno con la contaminación de cuerpos de agua y con la supuesta permisividad frente a perforaciones y trabajos de exploración que, según dijeron, ya se estarían realizando en zonas como El Hoyazo. En sus palabras, el reclamo no solo va dirigido al Poder Ejecutivo, sino también a legisladores de Puerto Plata y Santiago, a quienes acusaron de guardar silencio frente al tema.
En la actividad participaron representantes de Sobagua, Paraíso Ecológico y del sector transporte agrupado en Festra y Conatra, quienes dijeron que la preocupación ha ido creciendo a medida que se agravan, según plantean, los problemas en ríos como el Camú y el Bajabonico. Aseguraron que toda el agua de Puerto Plata nace en la Cordillera Septentrional y que cualquier intervención de alto impacto pondría en riesgo la salud, la producción y la vida cotidiana de miles de personas.
Los voceros insistieron en que su lucha no responde a intereses particulares, sino a la defensa del bien común, de las familias y de las futuras generaciones. “El agua es vida”, reiteraron, al señalar que ningún beneficio económico puede colocarse por encima de un recurso del que depende la existencia humana.
Como parte de las acciones anunciadas, informaron que preparan una movilización para el día 24, en la que esperan llevar autobuses desde Puerto Plata hasta Santiago, con el objetivo de ampliar la presión social y visibilizar el rechazo al proyecto. Los convocantes aseguraron que seguirán en las calles hasta que, según dicen, se detenga cualquier plan que amenace la cordillera.
