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Afirma que descuentos a empleados para movimientos políticos violan leyes

por Redacción
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Afirma que descuentos a empleados para movimientos políticos violan leyes

Santo Domingo. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elías Cornelio, denunció que recursos públicos habrían sido utilizados de manera indirecta para financiar movimientos políticos vinculados a la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader, en violación a la Ley de Función Pública y la Ley de Régimen Electoral.

Cornelio sostuvo que durante un período prolongado se realizaron descuentos a empleados públicos, presuntamente orientados a financiar estructuras políticas que respaldaban la reelección presidencial, colocando a servidores del Estado en la disyuntiva de arriesgar sus empleos si no aportaban.

“Ese dinero nunca debió entrar a la campaña. Aunque no haya sido entregado directamente al candidato, cuando se usa para financiar movimientos que lo apoyan, entra de manera indirecta”, afirmó.

El dirigente del PLD señaló que estas prácticas violentan la Ley 41-08 de Función Pública, que prohíbe a funcionarios recibir recursos de empleados bajo su dependencia, así como la Ley de Régimen Electoral, que regula el origen y la transparencia de los fondos de campaña.

Cornelio cuestionó además la falta de investigaciones formales por parte de los organismos competentes, señalando que las acciones conocidas hasta ahora se han limitado a destituciones administrativas, sin consecuencias judiciales.

“Esto no es solo un problema moral o político. Es una violación legal clara. El Ministerio Público debe investigar, porque no se trata de un caso aislado”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que, según expedientes conocidos, múltiples movimientos políticos habrían operado bajo este mismo esquema, entre ellos estructuras como Jóvenes por el Cambio y Maquinaria por el Cambio, lo que abre interrogantes sobre cuántas otras dependencias estatales pudieron estar involucradas.

Finalmente, Cornelio alertó sobre la falta de registro de estos recursos en las declaraciones oficiales de campañas y movimientos políticos, lo que, a su juicio, representa una omisión grave que compromete la transparencia del sistema electoral.

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