Santo Domingo. – El miembro del Comité Político del PLD, Elías Cornelio, cuestionó la solidez jurídica del caso Calamar y advirtió que, según los argumentos expuestos por la defensa de los imputados, el proceso podría convertirse en un precedente peligroso para la institucionalidad y la credibilidad del Ministerio Público.
Durante su participación en el programa El Gobierno de la Tarde, Elías Cornelio afirmó que las exposiciones recientes de la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero han desmontado aspectos centrales de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Cornelio señaló que, según lo expuesto en audiencia por los abogados Laura Acosta y Eduardo Núñez, los supuestos RD$21,000 millones atribuidos al caso nunca habrían salido del Estado dominicano, sino que correspondieron a transferencias realizadas al Banco de Reservas para cumplir sentencias judiciales por expropiaciones, tal como establece la Constitución y las leyes vigentes.
Indicó que estos pagos fueron registrados en el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (SIGEF) y que no eran decisiones discrecionales del Ministerio de Hacienda, sino obligaciones legales del Estado.
El dirigente peledeísta también cuestionó la legitimidad del informe base del expediente, al señalar que la unidad antifraude que elaboró el documento no contaba con competencia legal al momento de hacerlo, ya que —según explicó— fue creada formalmente mediante decreto años después de haber emitido el informe.
Otro punto destacado por Cornelio fue que, de acuerdo con la defensa, no se ha evidenciado un crecimiento patrimonial irregular en el patrimonio personal de Donald Guerrero durante su gestión como ministro.
Asimismo, expresó preocupación por la denuncia de una supuesta alteración de fechas en la entrega de pruebas, situación que —de confirmarse— consideró “grave” y perjudicial para la credibilidad del sistema judicial.
“Si esto es así, el daño no es solo a los imputados, es a la institucionalidad del país”, sostuvo.
Cornelio planteó interrogantes sobre el impacto humano y económico del proceso, cuestionando quién responde por los años de investigación, los recursos públicos invertidos y el daño reputacional causado a los imputados.
Advirtió que la percepción de un Ministerio Público que incurra en errores procesales, retrasos o prácticas cuestionables debilita la confianza ciudadana y abre la puerta a abusos futuros.
“Hoy son ellos; mañana puede ser cualquier ciudadano”, concluyó.
