Hablar de inmigración ilegal y seguridad ciudadana exige responsabilidad, firmeza y, sobre todo, honestidad intelectual. No se trata de criminalizar al migrante por su origen ni de caer en discursos fáciles, pero tampoco de ignorar una realidad que se vive en las calles, en los barrios y en las estadísticas que muchos prefieren no mirar. Cuando un Estado pierde control sobre sus fronteras, pierde algo más que territorio: pierde capacidad de proteger a su gente, de planificar políticas públicas y de anticiparse a amenazas que no siempre se manifiestan de forma inmediata, pero que terminan erosionando la convivencia social.
La migración haitiana hacia la República Dominicana es un fenómeno histórico, marcado por una profunda crisis estructural en Haití. La mayoría de esos migrantes llega huyendo del hambre, del colapso institucional y de la violencia extrema que hoy se expresa en bandas armadas que controlan territorios completos. Sin embargo, el problema surge cuando la entrada masiva e irregular supera la capacidad del Estado para registrar, regular e integrar. En ese vacío aparecen redes de tráfico humano, falsificación de documentos, explotación laboral y asentamientos informales sin control alguno. A largo plazo, estas dinámicas generan tensiones comunitarias, presión sobre los servicios públicos y espacios donde la delincuencia encuentra refugio y anonimato, afectando directamente la seguridad ciudadana en los sectores más vulnerables.
Algo similar ocurre con la migración venezolana y colombiana, aunque con matices distintos. En ambos casos, la mayoría de quienes emigran lo hacen buscando oportunidades y estabilidad, empujados por crisis políticas, económicas o por la violencia histórica ligada al narcotráfico y los grupos armados. Pero negar que dentro de esos flujos también se infiltran estructuras criminales sería una irresponsabilidad. Células vinculadas a robos organizados, estafas financieras, trata de personas, sicariato y microtráfico se desplazan junto a los flujos migratorios, aprovechando la dificultad de los Estados para diferenciar rápidamente entre quien busca trabajo y quien busca delinquir. Estas redes no actúan de manera improvisada: se adaptan, se mimetizan y construyen vínculos locales que les permiten operar con relativa impunidad.
El fenómeno más preocupante, y del que menos se habla, es la llegada de delincuentes internacionales provenientes de Europa del Este, particularmente rusos y ucranianos vinculados al tráfico de armas, drogas, lavado de activos y ciberdelito. Estas no son migraciones de subsistencia ni desplazamientos forzados por razones humanitarias. Son redes criminales transnacionales con alto nivel de sofisticación, que se mueven con recursos, contactos y conocimientos técnicos avanzados. Utilizan destinos turísticos, zonas francas, sistemas financieros flexibles y vacíos legales para establecer operaciones, blanquear capitales y servir de enlace entre mercados ilícitos globales. Su presencia introduce un nivel de riesgo cualitativamente distinto, porque conecta la criminalidad local con circuitos internacionales mucho más peligrosos.
Cuando estas dinámicas se combinan, el resultado es claro: aumento de la delincuencia organizada, mayor circulación de armas ilegales, expansión del narcotráfico y debilitamiento progresivo del orden público. La seguridad ciudadana deja de ser solo un tema policial y se convierte en un asunto estratégico. Las fronteras ya no son simples líneas en un mapa; son espacios donde se cruzan intereses criminales, flujos humanos desordenados y debilidades institucionales. Lo que no se controla en la frontera termina explotando en los barrios, en las cárceles y en los tribunales.
En la práctica, estas redes se infiltran utilizando documentos falsificados, empresas de fachada, rutas migratorias ya establecidas y figuras locales que sirven de enlace logístico. Operan con mulas humanas, microtráfico en puntos específicos, lavado de activos a pequeña y mediana escala y tráfico de personas, aprovechando que el Estado casi siempre llega tarde: cuando el daño ya está hecho y la red ya se ha asentado.
El error más grave es seguir abordando este tema desde la corrección política o el miedo al señalamiento internacional. Defender la soberanía, fortalecer los controles migratorios, invertir en inteligencia, depuración institucional y cooperación regional, y aplicar la ley con firmeza no es xenofobia. Control no es abuso; es ley y debido proceso. Es responsabilidad de Estado. Un país que no sabe quién entra, por dónde entra y con qué fines, pierde la capacidad de prevenir y queda condenado a reaccionar, casi siempre tarde y con altos costos sociales.
La verdadera solidaridad no está en permitir el caos, sino en ordenar. Ordenar la migración, proteger al migrante regular, perseguir sin contemplaciones al criminal y garantizar que la seguridad ciudadana no sea el precio que pague la población por la inacción política. Porque cuando el Estado falla en ese equilibrio, los más afectados no son los discursos ni los titulares internacionales, son los ciudadanos comunes que viven con miedo, que se encierran temprano y que sienten, cada día con más fuerza, que la calle ya no les pertenece.
Como recomendación final, el país necesita una política migratoria integral que combine control fronterizo real y registro efectivo para saber quién entra, inteligencia criminal y depuración institucional para identificar quién opera y quién lo protege, y una cooperación internacional activa que permita cortar las redes antes de que se consoliden. Todo ello debe ir acompañado de sanciones reales y consecuencias claras, porque sin castigo no hay disuasión, y sin disuasión el crimen se normaliza.
Donde no hay control, el crimen encuentra terreno fértil.
