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Cerca de 200 comunidades de la Cordillera Septentrional podrían verse afectadas por actividad minera

por Redacción
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Cerca de 200 comunidades de la Cordillera Septentrional podrían verse afectadas por actividad minera

Santiago. — El padre Nino Ramos advirtió que una eventual explotación minera en la Cordillera Septentrional tendría un impacto directo sobre cerca de 200 comunidades rurales, de las cuales al menos 80 estarían ubicadas en zonas de intervención directa, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias y las principales fuentes de agua del norte del país.

Durante declaraciones ofrecidas a Dialogando, el sacerdote explicó que estas comunidades dependen fundamentalmente de la agricultura y de los recursos hídricos que nacen en la cordillera, donde se producen alimentos como yuca, batata, maíz, habichuela, guineo, aguacate, cítricos, tubérculos y frutas tropicales, que abastecen tanto a las zonas rurales como a ciudades como Santiago y Puerto Plata.

Ramos advirtió que la afectación de las zonas altas de la cordillera tendría consecuencias en cadena, ya que la degradación de los nacimientos de ríos comprometería no solo la producción agrícola, sino también el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria de amplias regiones del país.

Indicó que las comunidades involucradas se extienden por territorios de cuatro distritos municipales ubicados en dos provincias, lo que convierte el tema en un asunto de impacto regional, más allá de una problemática local. Señaló además que muchos de estos poblados han vivido históricamente en condiciones de autosuficiencia alimentaria y estabilidad social, gracias al equilibrio entre la tierra, el agua y el trabajo agrícola.

El padre Nino Ramos advirtió que la pérdida de esos recursos obligaría a miles de personas a desplazarse hacia las ciudades, generando presiones sociales adicionales y rompiendo un modelo de vida rural que ha sido clave para la producción de alimentos en la República Dominicana.

Finalmente, reiteró que la defensa de la Cordillera Septentrional no responde a intereses políticos ni económicos, sino a la necesidad de proteger un ecosistema estratégico que garantiza agua, alimentos y estabilidad para las generaciones presentes y futuras.

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