Santo Domingo. – El abogado Miguel Surún Hernández lanzó este martes fuertes acusaciones en torno al caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), denunciando lo que calificó como un entramado de presiones políticas y judiciales para evitar que se continúe el sometimiento a la acción de la justicia de todos los implicados en el presunto desfalco de la institución.
Surún afirmó que los recursos involucrados en el caso constituyen “dinero manchado de sangre”, al tratarse de fondos destinados a la salud de la población más vulnerable, y sostuvo que existirían sectores con poder que buscan garantizar la impunidad de funcionarios de alto nivel.
Entre sus señalamientos, mencionó al director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), a quien atribuyó un rol clave en el diseño del supuesto entramado informático del caso, asegurando que estaría siendo protegido desde las más altas instancias del poder.
El jurista fue más allá al denunciar que existiría una supuesta orden para archivar procesos de corrupción, la cual —según afirmó— habría sido dirigida tanto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, como a la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso.
De acuerdo con Surún Hernández, la presión incluiría amenazas de no ratificación en sus cargos a quienes no acaten la supuesta directriz de archivar, extinguir o evitar consecuencias judiciales en el caso SENASA. Señaló que tanto la Procuradora General como el presidente de la Suprema Corte deben ser ratificados este año por el Poder Ejecutivo, lo que —a su juicio— genera un escenario de vulnerabilidad institucional.
El abogado citó como precedente el caso de Eduardo Read Estrella, a quien señaló como un importante aportante a la campaña del presidente Luis Abinader, alegando que se habrían alcanzado acuerdos para evitar mayores consecuencias legales.
“De lo que se trata es de garantizar impunidad”, afirmó Surún, al tiempo que llamó a la sociedad dominicana, a los medios de comunicación y a los sectores democráticos a mantenerse atentos ante lo que definió como una denuncia grave que pone en juego la independencia del sistema de justicia.
