Santo Domingo.– El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, expresó serias preocupaciones sobre el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas atrasadas del Estado a contratistas, al considerar que fue aprobado de manera acelerada, sin el debido análisis técnico ni claridad sobre la fuente de financiamiento.
Guzmán explicó que el proyecto fue conocido y aprobado en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados los días 12 y 13 de enero, y remitido de inmediato al Poder Ejecutivo, justo al cierre de la legislatura. A su juicio, esa rapidez convierte la iniciativa en “sospechosa”.
“El problema no es pagarle a quien el Estado le debe. Nadie se opone a eso. El problema es cómo se hizo, a quiénes incluye, a quiénes excluye y, sobre todo, de dónde saldrá el dinero”, afirmó.
El dirigente del PRD señaló que el artículo 13 del proyecto establece que los recursos provendrán del Ministerio de Hacienda y Economía, pese a que el Presupuesto General del Estado ya fue aprobado y esas deudas no están contempladas en él.
“Si el presupuesto ya está aprobado y esas obras no están ahí, ¿de dónde va a pagar Hacienda? No se puede legislar a ciegas”, advirtió.
En ese sentido, comparó el tratamiento dado a este proyecto con otros reclamos sociales que han sido desestimados por falta de fondos, como el pago de atrasos a policías pensionados y la indexación salarial de cerca de 700 mil trabajadores, establecida por ley.
“Para los policías pensionados no hay dinero, para la indexación salarial tampoco, pero aquí aparece una ley que no dice de dónde saldrán los fondos. Eso es contradictorio”, sostuvo.
Guzmán también cuestionó que el proyecto beneficia solo a un grupo específico de contratistas, dejando fuera a otros suplidores del Estado, ingenieros, proveedores y personas con terrenos expropiados desde hace décadas sin compensación.
“Hay contratistas que tienen 20 y 30 años esperando que les paguen y no están incluidos. Eso es discriminatorio”, expresó.
Además, criticó que el proyecto no especifica el monto total de la deuda, sino que remite a un proceso posterior de validación, lo que, según dijo, impide conocer el impacto fiscal real de la ley.
Otro punto señalado como grave por el presidente del PRD es que la veeduría del proceso recaería en entidades que figuran como promotoras y beneficiarias del propio proyecto, como el CODIA y la Asociación de Productores de Asfalto.
“Eso es inadmisible. Los beneficiarios no pueden ser los veedores. Es un conflicto de intereses evidente”, afirmó.
Ante este panorama, Guzmán consideró que el presidente de la República debe observar el proyecto de ley y devolverlo al Congreso para su revisión.
“Yo no creo que el presidente pueda hacerse cómplice de una ley que no identifica fuentes, que discrimina y que fue aprobada sin el debido estudio”, concluyó.
