San Juan. – El Tribunal Federal de San Juan rechazó la solicitud de la defensa de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, para eliminar la recomendación de un año de prisión presentada por la Fiscalía federal, así como la petición de posponer nuevamente la vista de sentencia, pautada ahora para el próximo 29 de enero.
La jueza Silvia Carreño determinó que la recomendación del Ministerio Público constituye solo uno de los elementos que el tribunal tomará en cuenta al momento de dictar sentencia, y sostuvo que no se ha incumplido el acuerdo de culpabilidad suscrito por la exmandataria. En ese sentido, descartó que sea necesario retirar del expediente el memorando de sentencia presentado por la Fiscalía.
La decisión se produce luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera público el indulto presidencial otorgado por el presidente Donald Trump, argumento utilizado por la defensa para solicitar la eliminación de la recomendación de cárcel. El tribunal, sin embargo, concluyó que el perdón no invalida el proceso judicial ni la evaluación de la conducta admitida por la acusada.
Sobre el caso, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que, aunque reconoce la facultad constitucional del presidente para conceder indultos, este no borra la gravedad de los hechos ni la admisión de culpabilidad realizada por Vázquez. “La impunidad no debe ser el norte”, expresó la mandataria en un comunicado.
Wanda Vázquez, quien gobernó Puerto Rico entre 2019 y 2021, se declaró culpable en agosto de aceptar promesas de aportes de campaña de origen extranjero durante las elecciones de 2020, en violación de la Ley federal de Campañas Electorales. Con ello, se convirtió en la primera exgobernadora de la isla en resultar convicta, aunque por un delito menos grave.
El caso también involucra a Julio Herrera Velutini, propietario de Bancrédito International Bank, y al exagente del FBI Mark Rossini, quienes igualmente alcanzaron acuerdos de culpabilidad. De acuerdo con la acusación original, ambos habrían canalizado más de 300,000 dólares para apoyar la campaña de Vázquez, a cambio del despido del entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que investigaba al banco.
Antes de los acuerdos, los acusados enfrentaban cargos que conllevaban penas de hasta 20 años de prisión.
