Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió que la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, tras sus recientes modificaciones, introduce un esquema de contribuciones regresivo, desproporcionado y económicamente injusto, que impacta de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Mariotti explicó que un análisis comparativo entre el régimen anterior y el nuevo sistema de aportes revela incrementos que oscilan entre un 83 % y un 500 %, dependiendo del nivel de facturación, sin que exista una progresividad real que distribuya la carga de forma equitativa.
“Un negocio que factura entre RD$50 y RD$100 millones pasa de pagar RD$90,000 a RD$260,000. A partir de ahí, empresas que facturan cientos o miles de millones pagan exactamente lo mismo que una mipyme que apenas está creciendo”, sostuvo.
El dirigente político señaló que el aspecto más crítico del nuevo esquema es la cuota fija de RD$675,000 para todas las empresas con ingresos superiores a RD$100 millones anuales, independientemente de si facturan RD$100 millones o RD$10,000 millones.
“Eso rompe cualquier principio de justicia fiscal. El esfuerzo relativo termina recayendo sobre el pequeño empresario, no sobre el grande”, afirmó.
Mariotti agregó que, de acuerdo con los propios datos de la ley, la contribución representa hasta 0.675 % de los ingresos para empresas cercanas al umbral de RD$100 millones, mientras que para grandes corporaciones el impacto real se reduce a 0.003 %, lo que evidencia un diseño que penaliza a quienes están en proceso de formalización y expansión.
Asimismo, advirtió que muchos comerciantes perciben esta contribución como un impuesto encubierto, debido a la falta de correspondencia clara entre el pago exigido y un servicio efectivo de gestión de residuos.
“Cuando se cobra sin que el servicio sea visible ni proporcional, deja de ser una tasa ambiental y se convierte en una carga fiscal adicional”, expresó.
El aspirante presidencial también cuestionó la ausencia de mecanismos de transición, gradualidad y acompañamiento técnico, señalando que las mipymes no solo enfrentan un aumento económico, sino también cambios obligatorios en materiales, envases y procesos productivos.
“La combinación de mayores costos y falta de apoyo estatal puede empujar a la informalidad a sectores que hoy cumplen”, alertó.
Mariotti llamó a revisar tanto la ley como su reglamentación para incorporar escalas verdaderamente progresivas, diferenciación por tamaño de empresa y medidas de apoyo que permitan avanzar en sostenibilidad ambiental sin comprometer la viabilidad de los pequeños y medianos negocios.
“Defender el medio ambiente es una responsabilidad nacional, pero hacerlo castigando a quienes producen, emplean y cumplen no es desarrollo sostenible ni buena política pública”, concluyó.
