Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la entrega de 580 títulos definitivos de propiedad de apartamentos a familias del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, poniendo fin a más de dos décadas de espera, incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para cientos de hogares.
Los títulos corresponden a 253 familias de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte; 120 de Villa Progreso del Este; 171 de los sectores Invivienda, Cancino y Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo Este; y 36 del sector Mairení, en el Distrito Nacional. Muchos de estos residentes habían ocupado sus viviendas durante años sin respaldo legal, heredando inseguridad y miedo a desalojos.
Durante el acto, celebrado en el Polideportivo de Invivienda, el mandatario definió la jornada como uno de los momentos que “más satisfacción” genera en el ejercicio del gobierno, al tratarse de un acto de justicia social.
“Este es de los días que se nos hace más alegre y más fácil gobernar, cuando hacemos un acto de justicia, entregando títulos”, expresó Abinader.
El presidente subrayó que la titulación no solo garantiza tranquilidad y dignidad, sino que incrementa automáticamente el valor patrimonial de las viviendas, permitiendo a sus propietarios acceder al sistema financiero formal, solicitar créditos y mejorar sus condiciones de vida.
Abinader explicó que el proceso de titulación de apartamentos ha sido particularmente complejo debido a irregularidades acumuladas durante gestiones pasadas, incluyendo casos en los que un mismo inmueble fue asignado hasta tres veces. Aun así, afirmó que el esfuerzo ha valido la pena, al transformar incertidumbre en seguridad jurídica real.
Por primera vez, destacó, el Estado dominicano está entregando títulos definitivos de apartamentos, culminando proyectos habitacionales que permanecieron inconclusos durante años.
El jefe de Estado anunció que el programa de titulación continuará en distintos puntos del país, incluyendo barrios del Distrito Nacional, como parte de una política pública orientada a legalidad, equidad y dignificación del patrimonio familiar.
El proceso incluyó asesoría legal gratuita y exoneración total de costos, eliminando barreras económicas que históricamente impidieron a miles de familias formalizar la propiedad de sus viviendas.
