Santiago.– El abogado de varios de los involucrados en la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario denunció presuntas torturas, interrogatorios irregulares y graves violaciones al debido proceso , atribuidas a agentes policiales que participantes en el caso.
El jurista Santos Willy Liriano Mercado aseguró que declaraciones que han circulado en torno al expediente habrían sido obtenidos bajo presiones indebidas , mediante golpes, vejaciones físicas y psicológicas , y sin la presencia de abogados , lo que, afirmó, compromete seriamente la legalidad y validez de cualquier prueba levantada hasta el momento.
Denunció que varias personas fueron detenidas sin órdenes emitidas por un juez , recluidas en condiciones irregulares en un cuartel policial de Puerto Plata, y que al menos uno de los detenidos fue severamente golpeado .
Indicó que tres personas inicialmente vinculadas al caso fueron desvinculadas tras su intervención legal, mientras que dos permanecen bajo custodia, identificadas como “Papito” y “Reyes”, quienes, según afirmó, presentan signos visibles de agresión física.
El abogado también denunció que se realizaron diligencias de investigación sin la presencia de defensa técnica , incluyendo interrogatorios a familiares de la menor, entre ellos la abuela , quien fue despachada tras ser interrogada sin abogados presentes.
Sostuvo, que dos de los detenidos presentan limitaciones cognitivas, uno por antecedentes febriles y otro por problemas de adaptación social, lo que los hace particularmente vulnerables frente a prácticas coercitivas.
Según el abogado, agentes de órganos investigativos trasladados desde Santo Domingo a Puerto Plata estarían involucrados en los presuntos abusos.
Liriano cuestionó que, hasta el momento, no existe una versión oficial clara del Ministerio Público, ni se haya informado con certeza si la menor está con vida o fallecida, recordando que en este tipo de procesos el cuerpo constituye un elemento esencial para sustentar imputaciones graves.
El abogado concluyó llamando al Ministerio Público a reconducir la investigación, respetar el marco constitucional y evitar que un caso tan sensible termine contaminado por prácticas ilegales, lo que podría derivar en nulidades procesales.
