Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana reiteró este martes ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y llamó a la construcción de una transición democrática pacífica, soberana y liderada por los propios venezolanos, ante la compleja situación política, institucional y humanitaria que atraviesa Venezuela.
Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recordó que la OEA nació bajo la convicción de que la solidaridad hemisférica solo puede sostenerse sobre la base de la libertad individual, la justicia social y el respeto a las instituciones democráticas, fundadas en el principio esencial de la dignidad humana.
Álvarez advirtió que la magnitud de la crisis venezolana no debe minimizarse, al señalar que se trata de una situación prolongada que ha desbordado las fronteras del país suramericano y ha impactado a otras naciones de la región. “Ha generado profundas divisiones en esta organización”, afirmó ante los Estados miembros.
El canciller dominicano calificó la coyuntura actual como “especialmente delicada y peligrosa”, y exhortó a los países del hemisferio a actuar con responsabilidad colectiva para evitar una escalada mayor, proteger a la población venezolana y preservar la estabilidad regional.
Al referirse al proceso electoral del 28 de julio de 2024, Álvarez fue categórico al señalar que la República Dominicana no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro y exigió, junto a otros Estados, la publicación íntegra de las actas electorales y su verificación internacional. Como respuesta a ese reclamo, recordó, el Gobierno venezolano expulsó el 30 de julio a los representantes diplomáticos y consulares dominicanos y de otros seis países.
Asimismo, recordó que el 16 de agosto de 2024, durante la toma de posesión del presidente Luis Abinader, el Gobierno dominicano promovió la Declaración de Santo Domingo, suscrita por 22 países y la Unión Europea, en la que se exigió el respeto a la voluntad popular, los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo venezolano.
Álvarez afirmó que la posición dominicana responde a una línea coherente con sus valores democráticos: “Así como no reconocimos la legalidad de la proclamación de Nicolás Maduro, tampoco podemos conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular”.
No obstante, subrayó que República Dominicana tampoco puede avalar escenarios que pongan en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano, e insistió en la necesidad de evitar una mayor confrontación.
En ese sentido, identificó dos prioridades inmediatas para la comunidad internacional: preservar el funcionamiento básico de las instituciones del Estado venezolano y avanzar en la construcción de una hoja de ruta seria y realista que apoye una transición democrática, enmarcada en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.
