Sentado en la oficina, escuché a un compañero hablar del nuevo cobro que Edesur le aplicaría por tener paneles solares conectados a la red eléctrica. Su preocupación me llevó a investigar. Encontré que mantener los cables, transformadores y demás equipos cuesta dinero. Pero también entendí que cobrar a quienes producen energía limpia exige explicar bien los motivos, respetar sus contratos y demostrar que el monto es justo.
¿Cómo justificar este cobro en un país que sufre calor intenso, inundaciones y daños en sus costas? La pregunta merece una respuesta clara. Hay que saber si el dinero servirá para mejorar el servicio o si terminará desanimando a familias y pequeños negocios que quieren producir su propia electricidad.
Según el medio especializado en energía EH+, en una noticia del 18 de octubre de 2026, Edesur anunció que comenzaría a aplicar el cobro el 1 de noviembre. En esta primera etapa, alcanzaría a determinados clientes con tarifas simples de hogares y comercios que entraron antes de octubre de 2021 al Programa de Medición Neta.
Este programa permite tomar electricidad de la red cuando hace falta y entregar la que sobra de los paneles. El medidor registra ambas cantidades para calcular la diferencia. El anuncio reseñado por el medio no significa que todos los propietarios de paneles solares deban pagar el nuevo cargo desde noviembre.
Qué se cobrará y cómo se calcula
La base del cobro aparece en la Resolución SIE-007-2026-REG, emitida por la Superintendencia de Electricidad el 19 de enero de 2026. Esta institución establece y supervisa las reglas del servicio eléctrico.
El artículo 19 del reglamento dispone que ciertos clientes paguen por usar la red para entregar electricidad. El cálculo toma la cantidad de energía enviada a la red y la multiplica por el 25 % del precio de energía de su tarifa.
Esto necesita una explicación sencilla. El kilovatio hora es la unidad que utiliza el medidor para contar la electricidad. Supongamos, solo como ejemplo, que una familia entrega a la red 200 unidades durante un mes y que el precio de cada unidad es de 10 pesos dominicanos. El 25 % de esos 10 pesos son 2 pesos con 50 centavos. Al multiplicarlos por las 200 unidades, el cargo sería de 500 pesos.
No significa que toda la factura aumente un 25 %. Tampoco se calcula sobre toda la electricidad producida por los paneles. La energía que se usa directamente en la casa, sin pasar a la red, queda fuera de esa base de cálculo.
También conviene distinguir un cargo de un impuesto. Un impuesto es un pago obligatorio establecido para financiar gastos públicos. En este caso, la norma establece un cobro por el uso de la red eléctrica, destinado a la empresa distribuidora.
La diferencia importa, aunque no resuelve la discusión. Que el cobro se llame cargo por uso de la red no demuestra, por sí solo, que su monto sea justo.
Mantener la red cuesta, pero hay que explicar las cuentas
En su comunicado del 28 de enero de 2026, la Superintendencia de Electricidad explicó que el cargo busca contribuir al mantenimiento de las redes. También señaló que los contratos existentes conservarán sus condiciones hasta que venzan.
Por eso, Edesur debe revisar y explicar la situación de cada cliente. Haber entrado al programa antes de octubre de 2021 no basta, por sí solo, para demostrar que corresponde cambiar sus condiciones. Hay que comprobar cuándo termina su contrato.
Además, noviembre es la fecha anunciada por Edesur para comenzar a cobrar a ese grupo. La norma se aprobó en enero y estableció sus propios plazos de aplicación. Son fechas distintas.
La necesidad de mantener la red es real. Una casa con paneles puede entregar electricidad durante el día y necesitar que Edesur le suministre energía por la noche. Los cables, los transformadores y el personal que repara las averías siguen siendo necesarios.
También hay que pensar en quienes no pueden comprar paneles. Si una parte de los clientes compra menos electricidad, pero sigue utilizando la red, algunos costos podrían terminar recayendo sobre los demás. Una solución justa debe considerar a las dos partes.
Sin embargo, reconocer esos gastos no demuestra que el 25 % sea el porcentaje correcto. La energía solar también puede ayudar al sistema: puede reducir la electricidad que la distribuidora necesita comprar y, cuando se consume cerca de donde se produce, disminuir las pérdidas durante su transporte.
En otros casos, conectar más paneles puede exigir mejoras en los equipos y en la seguridad de la red. Para saber cuánto corresponde cobrar, hay que comparar esos gastos con los ahorros.
La Superintendencia debería publicar el estudio que explica el porcentaje y mostrar ejemplos fáciles de entender. Los usuarios necesitan saber qué están pagando y cómo se evita cargarles gastos provocados por una mala administración.
El nuevo reglamento también incluye beneficios. La Superintendencia anuncia medidores sin costo y permite ampliar la conexión de sistemas solares, siempre que los estudios técnicos lo permitan.
Además, establece el pago del total del crédito que quede acumulado al cierre del año por la energía sobrante. Pero ese saldo se calcula con un precio de referencia publicado por la Comisión Nacional de Energía. No necesariamente se paga al mismo precio que la distribuidora cobra por la electricidad. Para saber si los paneles siguen siendo una buena inversión, hay que mirar todas esas condiciones juntas.
El cambio climático también cuesta dinero
Esta discusión va más allá del recibo de luz. La República Dominicana necesita proteger su economía y sus comunidades frente a los cambios del clima.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que reúne y evalúa investigaciones científicas, advierte en su Sexto Informe que las pequeñas islas enfrentan mayores riesgos por la subida del nivel del mar y las inundaciones costeras.
También señala que, en general, podrían ocurrir menos ciclones, pero más intensos, con diferencias entre regiones. Esto no permite afirmar que cada huracán que afecta al país sea causado por el cambio climático ni que necesariamente llegarán más tormentas al territorio dominicano.
Los daños también dependen de dónde se construye, de la limpieza de los drenajes y de la protección que reciben las comunidades.
En nuestro país, muchas familias y negocios turísticos dependen de las costas. El calor intenso afecta la salud y dificulta el trabajo. La falta de agua o las lluvias excesivas pueden perjudicar las cosechas y el abastecimiento de alimentos.
El Banco Mundial, en su Informe sobre clima y desarrollo de República Dominicana, publicado en 2023, advierte que estos problemas podrían hacer que, hacia 2050, la economía produjera hasta un 17 % menos de lo que podría producir sin esos daños climáticos.
Es una estimación sobre lo que podría pasar, no una pérdida que ya haya ocurrido. Tampoco es una consecuencia atribuible al nuevo cobro de Edesur. Sirve para entender por qué las decisiones sobre energía deben considerar sus efectos a largo plazo.
Los paneles solares pueden ayudar a reducir el uso de carbón, petróleo y otros combustibles que liberan gases que calientan el planeta. También pueden disminuir la necesidad de comprar combustibles en el extranjero.
Pero para conocer el efecto ambiental del nuevo cargo hacen falta datos: cuántas familias dejarían de instalar paneles, cuánta electricidad limpia se dejaría de producir y qué tipo de generación la reemplazaría.
El riesgo económico es fácil de comprender. Si una familia ahorra menos cada mes, tardará más en recuperar el dinero que gastó en los paneles. Para un pequeño negocio que necesita un préstamo, esa diferencia puede hacer que abandone el proyecto.
También podrían aumentar las compras de baterías para guardar energía y utilizarla después. Sin embargo, las baterías cuestan dinero y no todas las familias pueden pagarlas.
Conviene aclarar otro punto: tener paneles no garantiza electricidad durante un apagón. Algunos sistemas se desconectan por seguridad cuando falla la red. Para mantener el servicio hacen falta equipos preparados para ello y, según el caso, baterías.
Las promesas ambientales deben reflejarse en las decisiones
La República Dominicana presentó ante las Naciones Unidas un plan actualizado para reducir los gases que provocan el calentamiento del planeta.
Ese documento, llamado Contribución Nacionalmente Determinada, establece metas de reducción del 28 % para 2030 y del 32 % para 2035.
Los porcentajes se comparan con la contaminación que se calcula que habría en esos años si el país siguiera la tendencia prevista sin las medidas del plan. No significan que ese porcentaje de la electricidad deba venir del sol ni que se reduzcan las emisiones actuales en esas mismas cantidades.
De los 28 puntos porcentuales previstos para 2030, el país plantea alcanzar 8.5 con recursos nacionales. Los otros 19.5 dependen de apoyo internacional.
Por eso, las decisiones que afectan la instalación de paneles deben examinarse junto con esos compromisos. Cobrar por usar la red no significa automáticamente incumplir el Acuerdo de París, el acuerdo internacional para enfrentar el cambio climático. Pero las autoridades deben explicar cómo evitarán que el cobro frene demasiado la producción de energía limpia.
Si el dinero permite mejorar la red y conectar más instalaciones solares, puede ayudar. Si desanima inversiones sin producir mejoras claras, el país pierde una oportunidad.
Una respuesta responsable empieza por publicar la comunicación completa de Edesur, explicar a quiénes se aplicará y mostrar cómo se calcula. Cada cliente debería poder revisar el cobro con los datos de su medidor y su tarifa.
También hay que vigilar si disminuyen las nuevas instalaciones y corregir las reglas cuando sea necesario. El reglamento contempla una revisión general cada tres años y permite hacer cambios antes.
Hay opciones que merecen estudiarse: cobrar según costos demostrados, facilitar préstamos para familias de menores ingresos y apoyar equipos que permitan guardar y aprovechar mejor la energía solar.
La población necesita un servicio eléctrico confiable y también oportunidades para reducir su gasto de luz. Ambas cosas requieren reglas claras.
Edesur y la Superintendencia de Electricidad deben demostrar que el cobro es razonable, respeta los contratos y permite que más personas utilicen energía limpia. Invocar una resolución no basta: hay que explicar las cuentas y mostrar los resultados.
