DIALOGANDO RD, Santo Domingo. – La Fuerza Nacional Progresista advierte a los poderes públicos y a las fuerzas de seguridad y defensa, acerca de la necesidad urgente de cambiar sustancialmente el enfoque prevaleciente en las políticas de seguridad nacional y ciudadana, que en el presente popularmente se asocian a la aplicación sistemática del “Código 29”, que solo acusa las preocupantes señales del fracaso de las políticas públicas contra el crimen y el delito, y que también resta prioridad a la acciones contundentes de deben merecer el crecimiento de poderosas estructuras de criminalidad que han arraigado en el espacio de la Isla de Santo Domingo, y que en algún momento futuro estarán en condiciones de terminar por desestabilizar aún más el orden público.
Antes que un programa no declarado de eliminación física de elementos antisociales y violentos-que está más que probado que solo produce efectos contraproducentes, superficiales o temporales -, las autoridades deberían incorporar ciertos elementos de la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, adaptada a la realidad dominicana, a la vez que aplicar de modo consecuente tanto mandatos constitucionales vigentes desde el 2010 cómo reforzar o reformar la legislación adjetiva en diversos aspectos.
En las actuales condiciones de nuestro entorno exterior y las dramáticas tendencias locales, estos cambios resultan imprescindibles para la preservación y fortalecimiento de la nación y sus instituciones republicanas. Estás son nuestras propuestas, a saber:
- Cumplir con el mandato del artículo 75, 3 y 75.4 de la Constitución de la República, para dar paso a la implantación del Servicio Social para el Desarrollo y el Servicio Militar, o una combinación de ambos, con carácter obligatorio. Ambas instituciones están llamadas a lograr mayor disciplina social e integración nacional y productiva de la población joven dominicana.
- Aplicación de medidas con base en el articulo 49.7 de la Constitución de la República, para proteger a la niñez y la adolescencia de los mensajes perniciosos en los medios y redes que puedan afectar el desarrollo de su personalidad y la convivencia familiar y comunitaria. Para ello, y para muchos otros asuntos de alto interés público y seguridad nacional, se requiere que termine de aprobarse la Ley que confiera base jurídica al Escudo Cibernético Nacional. Con esa herramienta se podrá enfrentar a fondo la estrategia de la criminalidad organizada transnacional, que promueve sutilmente o en forma abierta, diversas expresiones de la narco cultura criminal, con el objeto de crearse entornos favorables que le permitan redes de apoyos y operadores, especialmente entre la población joven.
- Creación del Ministerio de la Familia y el Bienestar Social, que vendría a sustituir los ministerios de la Mujer y de la Juventud, y a superar el enfoque de género, para que sea la familia el punto focal de las políticas públicas. Sin familias fuertes las naciones se destruyen. En ese mismo orden, es necesario retornar a los programas de creación de centros culturales y deportivos en todos los sectores populares de la república, y de más espacio de diversión sana para la familia.
- Creación de la Jurisdicción Especial de Alcance Nacional, con base al mandato del Art 168 de la Constitución de la República, para atender infracciones de alta peligrosidad o materias que requieren especial cuidado: la extinción de dominio y lavado de activos, el tráfico, trata y organización de viajes ilegales, el terrorismo y narcotráfico internacional, constitución de bandas criminales, la corrupción de cuello blanco. Solo basta con evaluar la respuesta de lenidad e impunidad de los tribunales ordinarios y el ministerio público correspondiente, en las 7 provincias fronterizas, al gravísimo asunto de tráfico ilegal de personas hacia el territorio nacional, para entender la pertinencia de esta medida que hemos formulado durante años.
- Bloqueo de las señales telefónicas de las cárceles dominicanas, para que dejen de ser centro de mando y control del crimen organizado y la delincuencia común, así como reforzamiento estricto de los controles sobre las ventas de equipos telefónicos y paquetes de comunicación, que constituyen ambos brechas muy peligrosas en la seguridad nacional y ciudadana. Aunque Indotel ha auspiciado el primer programa de bloqueo de señales, falta mucho por hacer y hacerlo bien, empleando las tecnologías apropiadas que existen. También hacemos un llamado especial a las autoridades monetarias y a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), a prestar atención especial al trasiego de dinero y recursos que fluye en grandes cantidades desde el exterior hacia los haitianos con presencia legal e ilegal en República Dominicana.
- Desde que se aprobó el Código Procesal Penal en República Dominicana, como hemos denunciado por año, esta claro al partir el mismo de un enfoque hipergarantista, ha facilitado la impunidad y la reincidencia en la comisión de crímenes y delitos. Eso explica porque hay decenas de miles de casos en rebeldía, y porque la Policía Nacional al ejecutar acciones de persecución contra “ reconocidos delincuentes”, termina apelando al terrible recurso de “ los intercambios de disparos”, popularmente conocido como codigo 29: es preciso que se proceda a modificar el Código Procesal Penal, para establecer tratamientos especiales y diferenciados más severos y restrictivos, para la criminalidad compleja y/o violenta que actúa como enemiga de la convivencia social, dejando el régimen de garantías para la generalidad de los ciudadanos. Es preciso además regular mejor el dispositivo de delación premiada, ya que está probado que solo favorece una justicia parcial, que permite que las penas pierdan su necesario carácter de ejemplaridad y fuerza de disuasión. Asimismo, es preciso revisar las políticas de extradición.
- Finalmente, y consecuente con el enfoque antes expuesto, consideramos que las autoridades deben adoptar sin más dilaciones mecanismos y procedimientos de libertad vigilada, como lo serían el empleo de brazaletes electrónicos, localizadores y alertas tempranas a potenciales víctimas, y no menos importante el control jurisdiccional de los deportados o penados por crímenes graves. A pesar de que esos dispositivos están disponibles en forma expedita y de bajo costo, ciertos intereses creados se han opuesto tenazmente a su empleo amplio, favoreciendo a los encausados con medios patrimoniales. Por igual, urge modificar la ley general de armas, para facilitar el porte, tenencia y empleo responsable y entrenado, por la población apegada a la ley y el orden: el actual esquema solo favorece la proliferación de armas en manos de los actores criminales. Estamos seguros que ninguno de los que la Policía Nacional “ha puesto en 29” tienen licencias para el porte y tenencia armas de fuego, mientras que la mayoría de sus víctimas no están en condiciones de ejercer el derecho fundamental a la legítima defensa de sus vidas y las de sus familiares.
