Santiago.– La Fuerza del Pueblo (FP) en Santiago cuestionó este jueves los resultados de la gestión gubernamental en el sector eléctrico y aseguró que, pese a los recursos destinados a las empresas distribuidoras, persisten los apagones, las altas pérdidas, las facturas elevadas y las dificultades de los usuarios para obtener respuestas a sus reclamaciones.
Durante una rueda de prensa, Demóstenes Martínez, presidente provincial de la organización, sostuvo que la situación eléctrica no debe evaluarse únicamente a partir de cifras financieras, sino también por el impacto que tiene diariamente en hogares, comercios y empresas.
“Después de seis años de Gobierno, el ciudadano sigue preguntándose dónde están los resultados de todos los recursos que se han destinado al sector eléctrico. Las pérdidas continúan siendo demasiado altas y el usuario sigue enfrentando los mismos problemas”, manifestó.
De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, el déficit de las empresas distribuidoras habría pasado de aproximadamente US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025, mientras las pérdidas del sistema se situaban cerca del 40 %. En el caso de EDEESTE, la organización afirmó que alcanzaban alrededor de un 56 % a mayo de 2026.
La FP aseguró además que entre 2020 y mayo de este año el Estado habría destinado aproximadamente US$8,450 millones, equivalentes a unos RD$500,000 millones, en transferencias para cubrir el déficit de las distribuidoras.
Martínez también se refirió a denuncias de usuarios sobre refacturaciones por supuestos consumos adicionales, señalando que en algunos casos los nuevos balances no se corresponderían con su consumo habitual o no habrían sido explicados adecuadamente por las empresas.
“El ciudadano no puede quedar indefenso frente a una empresa distribuidora. Si existe una diferencia sobre una factura o una refacturación, tiene que existir un mecanismo transparente, rápido y efectivo para revisar el caso antes de llegar a la suspensión del servicio”, sostuvo.
La organización opositora planteó fortalecer la inversión en infraestructura, reducir las pérdidas, mejorar la administración de las distribuidoras y establecer mecanismos de reclamación más ágiles para los consumidores.
La FP consideró que estas deficiencias tienen una incidencia particular en Santiago, debido al peso comercial, empresarial e industrial de la provincia, y anunció que continuará dando seguimiento a las denuncias relacionadas con la calidad del servicio, la facturación y el manejo de los recursos públicos destinados al sector eléctrico.
